El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia de COVID-19, originada en Wuhan (capital de la provincia Hubei, en China) como una pandemia global. En palabras de su Director General, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, “La OMS ha estado evaluando este brote... y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción”. Algo que ya, desde entonces, señalaba la doble amenaza de esta emergencia devenida crisis mundial; por un lado, el que estábamos frente a un nuevo tipo de coronavirus sobre el cual no se contaba con el conocimiento suficiente para comprender sus riesgos, así como tampoco con una vacuna o tratamiento eficiente. Y, por otro, la difícil situación material y política de la mayoría de las naciones en materia de salud pública, causada por décadas de abandono, privatización y/o descuido de sus sistemas de salud, y por la ausencia de implementación de programas y políticas públicas enfocadas a atender las necesidades de la población en el rubro de forma estructural y planificada, tanto para situaciones de contingencia como para el largo plazo.